Por Antonio Medina Trejo
Hace 12 años publiqué en el Suplemento Letra S del periódico La Jornada un reportaje sobre la situación que vivían los militares con VIH/sida. El tema para aquel momento aún era complicado de abordar, más por la secrecía de las instituciones castrenses y por saber que cuestionar al Ejército era de suyo riesgoso, más en un tema que tenía que ver con prejuicios culturales que connotaban con el homoerotismo y la violación de derechos a los soldados mexicanos; esos personajes vanagloriados por patriotismo falso de los gobiernos panistas, pero que en su vida cotidiana vivían las más terribles violaciones a sus derechos humanos, estigma y discriminación, más cuando se detectaba que vivían con VIH.
En Letra S, nos enteramos de esa situación desde finales de los 90, cuando comenzaron a llegar jóvenes soldados a las organizaciones civiles a pedir apoyo, pues desesperados por su situación de salud y expulsados de las filas del Ejército o la Marina, contaban que los habían expulsados por ser “inútiles al servicio de las armas”, les sellaban sus documentos oficiales con la leyenda: VIH positivo y no les respetaban sus derechos laborales, todo ello de acuerdo a las leyes vigentes en aquel momento del Instituto para la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
El tema fue motivo de mucha reflexión por el equipo de periodistas de Letra S, pero siempre había una limitante para abordar la situación, principalmente por la nula posibilidad de acceder a información por parte del Ejército. Cada día que pasaba nos enterábamos de más casos y de historias terribles, en las que las instituciones castrenses no sólo destruían la vida de los militares expulsados, sino de sus esposas, hijos o hijas o parejas de los afectados.
Detrás de esa gran injusticia contra los militares con VIH había un dejo de discriminación homofóbica, una gran ignorancia de las autoridades médicas de las Fuerzas Armadas y la prepotencia de una institución que no está acostumbrada a informar absolutamente nada a quien la cuestiona.
Para principios del año 2002 nos enteramos de los avances que el licenciado Pedro Morales Aché llevaba de 18 casos de militares que estaban demandando justicia por haber sido expulsados de las Fuerzas Armadas debido a que vivían con VIH. Además, de acuerdo a lo que en su momento nos dijo de manera informal el litigante, fue que era muy probable que cuando menos dos o tres casos los ganaría en tribunales civiles, ya que había motivos de peso.
Ante esa circunstancia, en Letra S, se decidió entrarle al tema y hacer un reportaje que diera cuenta de lo que sucedía al interior de las Fuerzas Armadas mexicanas en torno a los militares que vivían con VIH/sida, por lo que Alejandro Brito, director de Letra S, me encomendó la labor de investigar, con la mayor prudencia, pero sin cejar, y develar públicamente lo que estaba sucediendo.
A partir de ese momento emprendí uno de mis trabajos periodísticos más apasionantes y que más satisfacciones me ha dado en mi carrera profesional. El reto era tener datos duros de cuántos militares vivían con VIH/sida en las instituciones castrenses de nuestro país, revisar la legislación y conocer la opinión de expertos para entender “en qué incurría la legislación militar que permitía violar derechos de los militares de manera legal”.
Desde luego era muy importante tener la postura institucional con testimonios de soldados expulsados y de quienes estaban demandando, además de conocer la situación de viva voz de aquellos soldados que aun estaban dentro de las instituciones militares. Estos propósitos no se lograron para el primer reportaje. Fue con el tiempo, los contactos, el trabajo de campo y fuentes directas que permitió ir construyendo periodísticamente una ruta crítica sobre dicho tema, que se publicó tanto en Letra S como en NotieSe a partir de marzo de 2003.
Lo más complicado fue conocer la versión oficial, pues a pesar de seguir el protocolo burocrático para poder hablar con el militar de alto rango encargado del tema de salud dentro de las Fuerzas Armadas, siempre hubo evasivas o respuestas por escrito que no decían nada. Esa información la fui adquiriendo de los mismos soldados con el tiempo.
Por otro lado, busqué reacciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual hubiera podido tener una postura crítica ante la flagrante violación del derecho a la salud y laboral de los soldados expulsados, y lo que obtuve de esa institución fueron respuestas engorrosas que evitaban tener una postura clara ante esa problemática, principalmente por las 32 quejas interpuestas ante ese “órgano autónomo”, por parte de soldados que habían sido expulsados por los motivos antes expuestos.
Finalmente, el reportaje se publicó en marzo de 2003 con testimonios de militares, con dichos (involuntarios) de la doctora Patricia Uribe, directora del Censida, que en una conferencia dijo de manera fortuita “la situación en el Ejército”, y que fue grabada por la grabadora de Letra S; además el reportaje contó con las explicaciones y opiniones del abogado Morales Aché, que no le tembló la voz al señalar de manera contundente y argumentada que la ley del ISSFAM violaba los derechos de los militares seropositivos al expulsarlos por, supuestamente, ser “inútiles al servicio de las armas”.
Después de que se publicó el reportaje “Prácticas de riesgo, gajes del oficio”, que se ilustró con siluetas de militares en interiores, y en portada con la imagen provocadora de un uniforme militar en donde se lee: “Baja definitiva, respuesta a militares con VIH”, pensamos que de inmediato los demás medios de comunicación también investigarían, pues era un tema nunca antes tratado en medio alguno, y era nota fuerte, ya que se estaba abriendo, de hecho, la posibilidad de que el Ejército perdiera juicios en juzgados civiles. Pero ningún medio reaccionó de inmediato.
Medio año después Carmen Aristegui y Javier Solórzano realizaron un reportaje para Canal 52, el reportero Rodrigo Vera hizo otro para Proceso un año después, El Universal comenzó a indagar y a finales de 2004 publicó una nota informativa, para después hacer una entrega más amplia. Mientras NotieSe y Letra S fueron los espacios donde publiqué otros reportajes, notas o entrevistas sobre el tema, que por más que insistíamos, no encontraban eco en otros medios. Fue hasta mediados del 2005 que comenzó un mayor cuestionamiento a las Fuerzas Armadas sobre éste y otros temas, pues el desgaste del gobierno foxista, y el avance del fortalecimiento de la sociedad civil y la información que se solicitó al naciente IFAI, permitió que tuvieran que explicar y dar (un poco) la cara.
En 2005 se instituyó el Premio de Periodismo “Rostros de la Discriminación” a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Fundación Manuel Buendía y la Universidad Iberoamericana, el cual tuve el honor de recibir precisamente por los reportajes que, hasta ese momento, había publicado sobre las violaciones a los derechos humanos de militares con VIH.
Esa distinción fue un aliciente para el equipo de Letra S y para mi, por lo que continuamos indagando sobre el tema con un seguimiento puntual de los avances que fue logrando el licenciado Pedro Morales, además de tener siempre reacciones de los actores involucrados, tanto en el Congreso de la Unión, en la Secretaría de Gobernación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque nunca dejamos la parte humana de los militares con entrevistas a soldados en activo y aquellos que fueron expulsados o con sus familiares.
Como reportero, siempre tuve bien abiertos los ojos y donde se movía el tema, traté de llevar agua al molino de la justicia, por lo que en todo viaje (nacional o internacional), congreso, reunión de activistas o en instituciones públicas, monitoreaba lo que se decía, quién lo decía o quiénes podían dar datos, referencias o pistas para seguir abriendo la discusión de un tema que pocos querían hablar de manera pública, a pesar de la visible injusticia contra los soldados mexicanos que vivían con VIH/sida.
Después de septiembre de 2011 dejé de hacer periodismo del día a día, pues opté por la paternidad, la consultoría y el mundo académico. Me distancié del tema, aunque seguí recibiendo información de mis fuentes, misma que pasaba al reportero Mario Reyes y al equipo de Letra S para que continuaran indagando.
El mismo Alejandro Brito no ha dejado el tema y es parte de la agenda temática de Letra S. Desde luego otros medios le han dado seguimiento, pero la verdad, ninguno como lo ha hecho Letra S y NotieSe, pues además de ser medios especializados en VIH/sida, tienen un compromiso social y moral con éste y otros temas que los hace destacar, no sólo en lo estrictamente periodístico, sino en el enfoque de derechos humanos que llevan implícitas sus investigaciones.
Disculpa que no fue
Hace algunos días me llegó una invitación de Alejandro Brito para asistir a un acto muy importante. La invitación dicía: “A casi cuatro años de la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso de dos militares dados de baja del Ejército mexicano debido a su condición de ser personas VIH positivas, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación ofrecerá una disculpa pública a las víctimas por haberse violentado sus derechos humanos. Dicha disculpa es la primera en su tipo hacia personal militar y personas con VIH en México”.
Esa voluntad del gobierno federal me sorprendió por lo novedosa, pero sin duda responde a la lucha social que desde sociedad civil se ha sorteado en defensa de quienes viven con VIH/sida, en específico, en este caso, soldados. No se hubiera llegado a este momento sin el trabajo decidido del licenciado Pedro Morales Aché, defensor de los militares en los juzgados civiles, que con el paso de los años ha permitido cambios legislativos, una deliberación histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que la CIDH se pronunciara a favor de dos soldados, entre otros logros nada menores.
Este tema ha movilizado a muchas personas en algunas instancias de gobierno, que han tenido que dejar de lado los prejuicios, otras no lo han hecho, pero el peso de la razón ha vencido. A mediados de la década pasada, altos mandos militares se sintieron exhibidos y reaccionaron con silencio (haciendo sentir su presencia) sin hablar ni apresenciarse. En lo institucional, llegaron a citar al Campo Marte a funcionarios federales del sector salud, no intimidándoles, pero sí creando ambientes de hostilidad. A pesar de ello, se avanzó, pues la creciente visibilidad mediática protegió – de alguna manera- los procesos y a quienes fueron visibles. Los medios que le han entrado al tema han sido en los últimos años un factor importante al cuestionar a las instituciones militares por sus omisiones y violaciones de derechos en éste y otros temas.
El evento de este mediodía prometía una disculpa pública, que supusimos daría el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chon, quien pronunció un discurso como respuesta a la recomendación de la CIDH, no obstante, nunca se escucharon las palabras textuales de una disculpa. Muchos activistas esperaban que el funcionario federal reconociera las torpezas del pasado por los prejuicios, la ignorancia, los estigmas y la violación flagrante de derechos humanos, derecho a la salud, derechos laborales de quienes fueron expulsados, y, que en varios casos se condenó a la muerte física y social de quienes defienden a la patria; pero no, no fue así: el funcionario se limitó a reconocer “fallas del pasado” y a respetar la decisión de la CIDH.
Quien sí fue contundente fue el licenciado Pedro Morales Aché, que habló desde el convencimiento sobre la experiencia y cómo se fueron dando los logros legales de sus defendidos ante la justicia civil. Su trabajo como abogado ha sido extraordinario, por su destreza como litigante, pero también por la ética que le conocemos. El reconocimiento de las más de 200 personas que estuvimos en el museo Memoria y Tolerancia esta tarde se demostró con un auditorio de pie que le aplaudió por más de un minuto.
Como siempre sucede en el tema de los cambios legislativos y la vida cotidiana de las personas, el gran reto será en este caso que las instituciones militares de nuestro país verdaderamente cambien en lo cultural, que se permitan vencer el paradigma del estigma y la violación de derechos hacia sus propias tropas. En todo caso, tanto sociedad civil como medios comprometidos con la igualdad estaremos pendientes.
* Periodista independiente / www.antoniomedina.com.mx / @antoniomedina41