Menú Cerrar

Obligatorio, que aspirantes a ingresar al Ejército se sometan a prueba de VIH

3 febrero 2005

Fox convalidó la disposición, la cual busca filtrar a portadores de sida

El examen, para constatar que los candidatos se hallan ”sanos y útiles” para las armas

ANTONIO MEDINA /AGENCIA NOTIESE ESPECIAL PARA LA JORNADA

Varios militares se han inconformado ante tribunales federales por prácticas discriminatorias FOTO Marco Pelaez

Desde el 20 de enero todo aspirante a ingresar al Ejército debe ser sometido a exámenes médicos que demuestren, entre otros rubros, que no se es portador de VIH.

Así se especifica en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, suscrito por el presidente Vicente Fox, en el que enfatiza -en sus artículos 18, 20 y 21- que para el ingreso de nuevos conscriptos será obligatorio que la institución castrense les practique la prueba del VIH para constatar que se encuentran ”sanos y útiles para el servicio de las armas”.

Con la publicación de ese reglamento en el Diario Oficial de la Federación, “el Presidente de la República está legitimando una vez más las prácticas discriminatorias que comete el Ejército Mexicano en detrimento de las personas con VIH”, pues al avalar un reglamento con esas características ”filtra” el ingreso de seropositivos a las Fuerzas Armadas, planteó el abogado Pedro Morales Aché, quien desde hace más de diez años ha llevado a tribunales federales más de 30 denuncias de militares que han sido dados de baja por vivir con VIH/sida.

”Con esta acción -enfatizó el litigante-, Vicente Fox contradice su discurso de que en México se respetan los derechos humanos”, pues a pesar de que a los aspirantes se les pedían exámenes de seroprevalencia de un laboratorio particular antes de ingresar, ahora, con el reglamento que suscribió el jefe del Ejecutivo y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, esa práctica la realizará la misma institución.

El Presidente falta a su palabra

José Méndez, representante nacional del Frente de Personas Afectadas por el VIH, manifestó que con la determinación presidencial se retrocede en los acuerdos asumidos en septiembre, durante la segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida, cuando las ONG señalaron al mandatario que ”se estaban violando los derechos de los militares con VIH al darlos de baja por su estado serológico”.

El activista explicó que, luego de la denuncia, Fox ”instruyó” al secretario de Salud, Julio Frenk Mora, y al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Gilberto Rincón Gallardo, para que integraran un grupo de trabajo, junto con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de analizar las leyes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), y determinar sus implicaciones y posibles soluciones.

Debido a que no se ha formado el grupo de trabajo entre las entidades del gobierno y que, en cambio, el Presidente avaló un reglamento discriminatorio hacia quienes viven con VIH, Méndez consideró: ”es como si el mismo Fox se estuviera autobloqueando en sus políticas”, pues entorpece los intentos del Conapred y el Censida para trabajar con las autoridades militares.

Censida, Conapred y CNDH responden

Tras la publicación del reglamento, Jorge Saavedra López, director general del Censida, se comunicó al área de Sanidad Militar de la Sedena para manifestar el ”desacuerdo y extrañamiento” de la Secretaría de Salud por la nueva disposición.

El funcionario federal explicó que en la conversación con los militares planteó que esa determinación, además de contradecir la Norma Oficial Mexicana, va en sentido opuesto a las recomendaciones internacionales de que la prueba del VIH debe ser completamente voluntaria y no puede ser requisito para ingresar a ningún trabajo.

Por su parte, Rincón Gallardo lamentó que después de cinco meses de que el Presidente ordenó crear una comisión entre el Censida, el Conapred y la Sedena para revisar las medidas de la institución armada ante el VIH/sida, ésta no se ha logrado formar y, por tanto, no se ha dado cauce a una discusión “difícil y compleja”.

”Independientemente de que ahora adelantemos juicios que puedan atizar el fuego o bloquear una reunión (con los miembros de la Sedena) que no se ha logrado y una comisión que no se ha instalado, de parte mía lo que habría es una demanda redoblada para que dicha comisión se instale y no se retrase el trabajo, pues mientras siga existiendo una ley interna de esas características, ésta se convertirá en obstáculo cuando se pretenda defender a algún quejoso (VIH positivo) por el hecho de existir una ley vigente”.

Tanto Saavedra López como Rincón Gallardo opinaron que se necesita que los militares accedan a sentarse a dialogar y revisar las leyes internas de la institución marcial para corregir aquellas que resultan violatorias de los derechos humanos.

En tanto, Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH/sida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, rechazó el nuevo reglamento de ingreso al Ejército, “pues pareciera que la misma norma da pie a la discriminación”.

A pesar de que la CNDH no puede interferir en materia de reglamentos del Ejército, por no ser de su competencia, Forcada explicó que en caso de que reciba quejas de personas rechazadas de las Fuerzas Armadas por ser seropositivas, se revisarán los casos en particular y, de encontrar violaciones a los derechos humanos, se interpondrán las quejas correspondientes, sin importar que sea el Ejército Mexicano.

Las recientes modificaciones al reglamento de ingreso del Ejército para impedir la entrada de personal seropositivo se suman a otras acciones discriminatorias en las fuerzas castrenses. El 9 de julio de 2003, por ejemplo, se explicitó en el artículo 226 de la ley del ISSFAM la baja del Ejército a todo aquel militar que resulte seropositivo, por considerar que el VIH/sida es una enfermedad que inhabilita a quien la padece. Dicha ley fue también propuesta por el presidente Vicente Fox y aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión.

Compartir