Por Sara Lovera y Gabriela Ramírez
México, abril (SEMlac).- A 20 años de la IV Conferencia de Beijing y a punto de llegar al término de las metas del milenio, no se puede saber si en México hay avances para la igualdad: existe la convicción de que creció la violencia contra las mujeres, pero el gobierno no tiene un diagnóstico confiable; se desconoce el destino del dinero invertido tan sólo en el último año en políticas públicas y han fallado las instancias de protección a los derechos humanos.
Legisladoras e integrantes de grupos feministas, reunidas en las instalaciones del Congreso Nacional, consideraron urgente la creación de una contraloría social que pida cuentas al gobierno sobre los resultados de las políticas públicas para la igualdad de género.
Así se puede resumir lo dicho en el foro “Balance de las políticas para la igualdad de género y la no violencia en México” y que servirá para elaborar un informe “sombra” sobre el cumplimiento o no de los compromisos del gobierno mexicano y los retos para conseguir la igualdad, la no discriminación de las mujeres y el cese de la violencia de género.
La legisladora izquierdista Margarita Elena Tapia, secretaria de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones de las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México y una de las convocantes, afirmó: “No sabemos cuántas beneficiaras han existido de las políticas públicas en los últimos 20 años, ni los problemas y dificultades para su instrumentación”.
“Por ejemplo, en un programa de becas para jóvenes embarazadas, no sabemos si les está llegando el dinero, cuántas terminan sus estudios o si los encargados de implementar estas acciones están sensibilizados con el tema; por lo tanto, no se sabe si esta política puede ser replicada o si se le deben destinar más recursos”, acotó.
A la reunión, que tuvo lugar el pasado 8 de abril, acudieron Pablo Navarrete, del Instituto Nacional de las Mujeres; Beatriz Santamaría, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; Gloria Ramírez, de la Cátedra UNESCO de la UNAM; Gisela Zaremberg, por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; y Lourdes García Acevedo, presidenta de la Asociación CIMIGE A.C.
También estuvieron presentes Guadalupe González, representante de organizaciones civiles; Margarita Elena Tapia, secretaria de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las acciones oficiales en torno a los feminicidios en México, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y mujeres de 20 Estados de la República.
Como sucede en otros países, en México se está llevando a cabo un corte de caja, tras dos décadas desde que Naciones Unidas mandatara a los gobiernos destinar recursos etiquetados para la aplicación y verificación de políticas públicas en beneficio de las mujeres; a disminuir los tiempos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres; y poner fin a la discriminación y la violencia.
Una de las mayores preocupaciones que surge a raíz de este balance es que no existe un informe del ejercicio del gasto etiquetado para mujeres. Se desconoce si esos recursos en verdad se aplican y cuáles han sido los resultados. Solo en 2013, este presupuesto fue de 14.000 millones de pesos, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Aunado a esto, se habló del problema de la creciente violencia. Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de 1985 a 2010 en México fueron asesinadas 36.606 mujeres; es decir, 6,4 al día, pero entre 2010 y 2012 se cometieron 7.875 feminicidios; lo que supone 7,1 mujeres víctimas de este delito, diariamente.
Las y los asistentes afirmaron que este fenómeno ha sido documentado, principalmente, por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, que han dado cuenta de la indiferencia del Estado mexicano ante esta realidad, a pesar de las 176 observaciones recibidas en materia de violencia de género y contra defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.
“Hemos reiterado en múltiples ocasiones que se aplique la alerta de género en todos los Estados y no ha habido respuesta, y aunque la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre los casos de violencia contra las mujeres, hasta la fecha no se ha creado”, señaló Martha González, directora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua.
En las mesas de trabajo se analizaron los principales retos que enfrenta México para alcanzar la igualdad de género y los asistentes urgieron a llevar a cabo medidas como la evaluación de la ley de igualdad y la ley de violencia en el contexto actual, para poder representar las realidades que enfrentan a diario las mujeres; el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia; y revisar las disposiciones normativas para erradicar aquellas que son discriminatorias.
Pablo Navarrete Gutiérrez, de Inmujeres, dijo que “uno de los enormes vicios en que se ha incurrido es considerar los temas de mujeres como asuntos de nicho de instituciones. Ese ha sido uno de los grandes errores y uno de los principales desafíos es hacer de la perspectiva de género un tema de atención transversal de todas las instituciones del Estado”.
Finalmente, se abordó el tema de actuación de las comisiones estatales de derechos humanos, que deja mucho que desear “porque no procuran el respeto y protección de los derechos femeninos, pues desconocen los marcos legales internacionales que protegen a las mujeres”.
Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, dijo que el papel de estos organismos debiera ser fundamental para que las mujeres puedan lograr el pleno acceso a sus derechos, “pero, por el contrario, se han dado casos en los que, lejos de apoyar a las mexicanas, actúan en su contra. Si bien las comisiones atienden a las mujeres, no han logrado entender lo que es la perspectiva de género”.
Luego de casi 10 horas de trabajo, el foro concluyó con el compromiso de intercambiar experiencias, investigaciones y análisis para hacer realidad esta contraloría social y crear un contrapeso ante la falta de acciones y evaluación por parte del Estado mexicano.