Por Luis Manuel Arellano *
El curso de la epidemia del VIH/Sida está condicionada no solo por los avances médicos sino también por la reconfiguración social del diagnóstico positivo. Uno que me parece importante señalar y empezar a documentar se constituye por los casos de personas afectadas que manifiestan un comportamiento de chantaje y abuso escudados en su condición serológica. Se trata de una abierta manipulación y reconfiguración de la condición de vulnerabilidad para montarse en ella e incorporarla de manera dolosa, obteniendo ventajas en la vida cotidiana.
He conocido, personalmente, casos concretos en los que existe manipulación del diagnóstico para recibir beneficios o justificar incluso actos delictivos, como si vivir con VIH/Sida ofreciera una patente de corso frente al resto de la población.
Hace unos meses, en la Ciudad de México una persona en tratamiento y apego a su esquema antirretroviral atacó la oficina de un servidor público y al ser detenido por la policía se justificó diciendo “soy gay y tengo sida”. Conozco también el caso de un delincuente en tratamiento que justifica sus robos y otros excesos culpando al personal de salud por tener que tomar antirretrovirales. Y puedo compartir otro caso, también de una persona en tratamiento pero recluida por homicidio con una larga sentencia que se dio a la tarea de suspender el medicamento para enfermar de gravedad y así poder gestionar una excepción que le permitiera abandonar la prisión por complicaciones en su salud. Puedo compartir una larga relación de este tipo de conductas, que son frecuentes no necesariamente por la competencia de delitos sino porque se han incrementado los casos de pacientes, atendidos en servicios especializados de VIH/Sida, que burlan las disposiciones administrativas, no se apegan a las citas para consulta y laboratorio, además de que maltratan al personal de Salud exigiendo un trato especial e inmediato, con el chantaje de que acudirán ante Derechos Humanos si no se les atiende como exigen.
Podría decirse y es verdad, que los servicios especializados de VIH/Sida comenten errores administrativos o que cuentan con personal burocratizado con expresiones incluso de discriminación, sin embargo ese no es el tema que hoy me ocupa; sino el cambio cultural en la forma como están viviendo su diagnóstico muchas personas.
Insisto: la experiencia laboral me ha permitido vincularme a diversas historias donde observo que existe un provecho social del diagnóstico, al grado incluso de que he escuchado planteamientos en el sentido de que el Estado subsane costos de servicios o trámites no relacionados con la infección viral, como el desempleo nomás porque “vivo con VIH/Sida”.
Esta singular tendencia, todavía pequeña en el universo de quienes viven con la infección, sin embargo tiene antecedentes (y esto es lo paradójico) entre las organizaciones sociales de lucha contra la epidemia, donde también existe dicho sesgo de abuso, lo cual trae como consecuencia casos de activistas con VIH/Sida que, literalmente, viven de la epidemia sin devolver nada a cambio.
Sin embargo esta actitud, hay que aclararlo, lejos está de ser propia de algunas personas con VIH/Sida; igualmente puede observarse en quienes viven con otros problemas de salud. Los chantajes derivados de saberse con una enfermedad o con un mal crónico han estado presentes durante mucho tiempo. Lo que yo no había observado es que ya está formando parte del estilo de vida de quienes adquirieron el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida.
Actitud dolosa, abusiva y por ello inaceptable, la emergente victimización contrasta con la penalización establecida desde hace ya bastantes años en contra de las personas con la infección, sobre todo si ejercen su derecho a tener una vida sexual, si buscan formar una familia, si gestionan un préstamo o seguro de vida o simplemente si buscan trabajo.
De manera específica, sabemos que en más de 60 países (incluido México) existen diversas disposiciones que sancionan penalmente y de manera concreta la transmisión del VIH. También sabemos que para muchas instituciones el diagnóstico de esta infección resta derechos civiles. En sus últimos reportes el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) ha aclarado que en estas leyes la exposición al virus o su transmisión “no reflejan la mejor evidencia científica y médica disponible en relación con los modos de transmisión del VIH y el beneficio del tratamiento”. Lo cual yo suscribo en su plenitud y también por ello me parece que este marco jurídico internacional debe derogarse o al menos redactarse de otra manera.
Un ejemplo mexicano de estas disposiciones lo consigna el Código Penal del Estado de Guerrero, cuyo Artículo 195-A señala: “El que sabiendo que padece enfermedades de transmisión sexual en período infectante, incluido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tenga cópula con una persona que ignore su condición y con peligro de la salud de ésta, será sancionado con prisión de tres meses a cinco años y multas de veinte a cien días de salarios sin perjuicio de su internamiento en un establecimiento médicamente idóneo hasta que cese el período infectante”. La disposición, hay que agregar, fue adicionada en 1991 y se mantiene a la fecha.
La epidemia en sus expresiones sociales y jurídicas ha dado lugar a muchas aberraciones como la que se cita en el Estado de Guerrero, no obstante, me parece importante comprender que luego de luchar tanto en contra de ello ahora estamos observando la victimización infundada en algunas personas que, de continuar con ese abuso, no solo están configurando los dos lados de una misma moneda, sino también sembrando argumentos para que se mantenga y crezca la penalización (que ya sabemos cómo es de irracional) en contra de quienes viven en el marco de la epidemia.
* Texto tomado con la venia del autor de su página Pensar el Sida.