Por Antonio Medina Trejo *
El gobierno federal ha encontrado la coartada perfecta para hacer lo que siempre quiso hacer, que es controlar la narrativa de forma definitiva y no permitir que nadie esté por encima de lo que se dice desde la voz oficial. Ya no lo llama censura, lo llama derecho de las audiencias. Y lo presenta con lenguaje noble: información veraz, distinguir opinión de noticia, defender al ciudadano frente a los abusos de los concesionarios.
¿Quién podría oponerse a eso? Nadie. Y ahí es donde radica su perversidad.
La consulta pública abierta que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera del 28 de julio, que estará “abierta a la sociedad” del 27 de julio al 21 de agosto, y está a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la cual busca obligar a todos los concesionarios de radio y televisión a tener código de ética y defensor de audiencias, pero el diablo está en la letra chica, pues será el Estado el que defina qué es información “falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual” y será el Estado, vía la CRT, el que pueda intervenir cuando no le guste cómo resolvió el defensor y, como último recurso, multará hasta con el 1% de los ingresos anuales por cada supuesta falta.
Esto, a todas luces, es un traje a la medida de la censura. Es la anhelada mordaza del obradorismo. Es el bozal que López Obrador siempre quiso imponer y hoy la primer mujer presidenta de México, ejecutará. La ley vigente solo contemplaba multas por dos supuestos, el primero por no nombrar defensor de las audiencias en medios concesionados, y el segundo por no tener código de ética.
Con la propuesta de Sheinbaum Pardo, ahora se pretende sancionar contenidos por la puerta de atrás, al margen de la ley, como lo advierte la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la propia Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), pues consideran que esta propuesta presidencial “abre la puerta a la censura institucionalizada y a una regresión democrática”.
El gobierno dice que no es censura, que es autorregulación. La Jefa del Ejecutivo Federal lo dijo explícitamente en su mañanera: “no es estar multando”. Pero si es autorregulación, ¿por qué el gobierno se reserva el derecho de revisar las decisiones del defensor y castigar al medio?
Porque el objetivo no es proteger a la audiencia. Es proteger al poder de las audiencias.
Este gobierno ya entendió que no necesita clausurar periódicos como antaño. Le basta con auditarlos, que es la mordaza contemporánea, la que no tacha párrafos, pero sí congela cuentas. No encarcela reporteros, los arrastra a juzgados con demandas de 200 millones de pesos “por daño moral”, como la de Pío López Obrador contra Carlos Loret y Latinus. Vamos, no prohíbe, pone la bota del autoritarismo en el cuello de comunicadores y medios para asfixiar a quien ose cuestionar o exhibir al gobierno desde los espacios mediáticos.
Artículo 19 ya documentó un aumento del 40% en auditorías selectivas a medios independientes entre 2019 y 2025. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creada para perseguir lavado de dinero, revisa cuentas de periodistas. El SAT retira deducibilidades a organizaciones civiles críticas. Esa es la pedagogía del miedo, que impone un castigo al medio o luchadores sociales, al tiempo que les limita su libertad de expresión con una autocensura como resultado de la presión gubernamental.
Los lineamientos de audiencias encajan perfecto en ese engranaje. No es una política de derechos, es una política de control. En este sentido, el Estado se erige como “parámetro de verdad” frente a los medios y las personas que opinan y ante la sociedad, como lo ha señalado Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
En estas condiciones hostiles, ¿quién va a querer opinar, editorializar, criticar con dureza, si sabe que un burócrata con lupa guinda puede calificar su opinión como “noticia falsa” y que eso le puede costar el 1% de sus ingresos anuales?
El derecho de las audiencias es una conquista histórica, impulsada durante décadas por periodistas, académicos y activistas, que buscaban precisamente romper la relación perversa entre poder político, publicidad oficial e información.
Lo que hoy se propone con el actual gobierno la pervierte, ya que convierte al defensor, que debía ser un contrapeso ciudadano frente al medio, en un subordinado del Estado.
La libertad de expresión no se defiende dándole al gobierno el monopolio de la verdad. Se defiende garantizando que el gobierno no pueda definirla ni coartarla.
Si el Estado quiere defender a las audiencias, que empiece por dejar de espiarlas, de auditar a quien lo critica y de demandar a quien lo investiga. Lo demás es cinismo con ropaje jurídico.
* Dir. Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI).