Antonio Medina*
México DF, marzo 07 de 2011.
Nuestro país es heredero de una centenaria tradición familiar. Lejos de estereotipos y visiones moralistas, las familias mexicanas se han constituido por encima de normas jurídicas, ritos religiosos o estereotipos impuestos por la publicidad conservadora.
Es así que en México coexisten familias tan diversas como lo es la gran nación mexicana en expresiones culturales, ecosistemas, razas, lenguas, gastronomía y formas de pensamiento.
En el diario acontecer de las familias mexicanas se viven realidades lejanas al deber serfamiliar, pues un porcentaje amplio de ellas sufren los estragos de la economía, las recurrentes crisis y malas decisiones políticas de quienes gobiernan.
Es común ver que las familias mexicanas sobrevivan bajo esquemas prácticos de solidaridad lejanos al ideal impuesto por una elite empresarial y política, que ilusoriamente piensa, por ejemplo, que una familia puede sobrevivir con seis mil pesos al mes.
Las familias de México están por encima del poder político para resolver problemas derivados de equivocaciones en el gasto público, violación endémica de derechos laborales o visiones políticas de corto plazo que afectan a viejas y nuevas generaciones.
En este sentido, la idea de imponer el primer domingo de marzo como el “Día de la Familia” por parte de un sector del empresariado mexicano y del partido en el poder, no tiene sentido en un momento en que se están gestando movimientos que defienden procesos democráticos de convivencia en la esfera social y que impactan al interior de la gran mayoría de las familias mexicanas, sean nucleares, “naturales”, compuestas, extensas, unipersonales u homoparentales.
Por ello, es erróneo dar por hecho que existe “La Familia Mexicana” y que ésta tiene formas de convivencia, creencias, alternativas de consumo o gustos iguales. Nada de eso es real. Lo que sí es real, es que a todas las familias de México les afecta la discriminación social de cualquiera de sus miembros o la exclusión de derechos y servicios puestos por el Estado solamente para responder a las necesidades de las familias nucleares.
Sería bueno conocer, por ejemplo, el impacto directo en la desintegración familiar que ha provocado la lucha del gobierno federal contra el narcotráfico y si el monumental gasto erogado por la federación para tal propósito es proporcional a la integración de familias de escasos recursos o de las clases medias que han visto cómo se desploma su nivel adquisitivo en la última década, entre otras cosas, por climas no favorables para vivir en lugares de conflicto.
Otro dato que resultaría útil saber es si el gobierno federal, con sus políticas recientes realmente ha logrado mitigar la miseria que dejó el sexenio de Vicente Fox y sus antecesores en materia de salud, educación, vivienda o acceso a la justicia. Al parecer, el gasto que debería robustecerse en estos aspectos, ha ido a parar a las arcas del Ejército mexicano, que sortea una guerra frontal contra los narcotraficantes, sin que hasta el momento se vean resultados contundentes.
Desde luego que sería bueno saber si ese gasto estratosférico ha repercutido en una verdadera defensa de los derechos humanos de la población, que de paso hay que decir, han sido trastocados a niveles insospechados en los últimos cuatro años, con la venia de la mayoría de los organismos encargados de velar por los derechos humanos.
Algunas de las respuestas a estos cuestionamientos están a simple vista: masacres en donde pierden la vida centenares de personas (civiles, delincuentes, policías, militares, funcionarios públicos, migrantes); familias completas en el desamparo legal y la indefensión ante criminales y autoridades; desintegración familiar en sectores particularmente vulnerables; violencia endémica en grandes grupos poblacionales; altos índices de desnutrición; falta de acceso a la educación y la salud en grandes sectores. Todo ello aderezado de una monumental corrupción y saqueo del gasto público a todos los niveles de gobierno.
Es por ello que no resulta complicado dilucidar los motivos de los conservadores para comercializar el ideal de “La Familia del Siglo XXI” en una suerte de mentira repetida ad infinitum en sus medios de comunicación, donde refuerzan una aspiración colectiva que induce a las teleaudiencias a creer que esa realidad existe aunque no sea así.
Esta apuesta ideológica se gestó precisamente al inicio del milenio y en pleno empoderamiento del grupo político que llevó al conservador Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República.
Esa élite empresarial y política es la que implantó el primer domingo de marzo como el “Día de la Familia”. Esa fecha no fue elegida inocentemente, pues los conservadores que idearon tal “festividad” lo hicieron pensando en tener un día que fuera contrapeso al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, propuesto por Naciones Unidas a propósito de sucesos de 1908 en el que mujeres trabajadoras murieron calcinadas debido a precarias condiciones laborales en Nueva York, por lo que la efeméride reivindica el importante papel de las mujeres en la sociedad.
Otra fecha a neutralizar con el enigma de “La Familia” es el 21 de marzo, una efeméride muy significativa para quienes reivindicamos la laicidad del Estado, pues los conservadores ven esa fecha histórica como una afrenta a los principios religiosos que promulgan a la familia natural como la célula básica de la sociedad y que ésta debe estar conformada por un hombre, una mujer e hijos. Todo aquello que salga de ese esquema, se considera como agraviante al mandato divino y como un esquema falto de solvencia moral que hay que “reparar”.
En este sentido, los empresarios que pertenecen al Consejo de la Comunicación le apuestan al poder de sus medios para influir en el imaginario social a través de la comercialización del ideal de familia que ellos conciben, dejando de lado la gran diversidad de composiciones familiares que enriquecen culturalmente a la sociedad mexicana.
Las familias diversas, esas que día a día construyen la gran nación mexicana en todos los ámbitos sociales, requieren ser reconocidas y tomadas en cuenta en los presupuestos públicos, al tiempo que se deben visibilizar sus necesidades, pues la exclusión en la toma de decisiones políticas, sin duda, las hace más vulnerables.
*Periodista
Comentarios: j_medina27@hotmail.com