Marzo 6 de 2003
Hasta hace apenas unos meses, hablar de casos de VIH/sida en las filas de las Fuerzas Armadas era un tabú. Nadie se animaba a dar una opinión, ya no digamos denunciar, sobre la situación al respecto. El banderazo, tal vez involuntariamente, habida cuenta que fue a pregunta expresa en una conferencia de prensa en Veracuz, lo dio la directora del Censida, Patricia Uribe, quien confirmó la existencia de tales casos, así como el atropello a los derechos de los soldados seropositivos. El siguiente reportaje es producto de una investigación de varios meses en el que, lamentablemente, falta la voz del Ejército mexicano.
Antonio Medina
En el mundo hay más de 22 millones de personas que sirven a las fuerzas armadas, la mayoría hombres de entre 18 y 39 años de edad, la edad de mayor actividad sexual. Datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre Sida (Onusida) revelan que el personal militar es de dos a cinco veces más vulnerable a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y al VIH/sida que el resto de la población civil, debido al desarraigo de sus lugares de origen, que los lleva a recurrir al sexo comercial. En el mismo tenor, un estudio presentado en la XIV Conferencia Mundial de Sida de Barcelona, en julio de 2002, señala que por ser una población en constante desplazamiento, los soldados y marinos están más expuestos a contraer y transmitir ITS y VIH/sida que los grupos de edad y sexo equivalentes en la población civil.
El estudio se concentra en la situación de los militares en América Latina, África y el sudeste asiático y destaca que lo que hace la diferencia entre la población civil y los militares es que “los soldados pasan temporadas largas fuera de sus comunidades y de su familia, quedando libres de los controles tradicionales, lo que estimula que su vida sexual sea más frecuente y ésta se dé en situaciones de mayor vulnerabilidad.”
Otra característica es que los militares y marinos, por las peculiaridades de su oficio, “están acostumbrados a tomar riesgos, actitud que trasladan a sus prácticas sexuales, desconociendo, en la mayoría de los casos, las consecuencias que puede traer a su salud”. El documento El sida y el personal militar, editado por Onusida en 1998, comenta que la mayoría de los ejércitos nacionales son renuentes a abrirse al tema, pues “el VIH/sida está ligado a prácticas estigmatizadas que (según el imaginario militar) ponen en duda el honor de quien resulte infectado”. A pesar de ello, el personal militar, que pasa largas temporadas fuera de su lugar de origen, “busca con frecuencia formas de aliviar la soledad, el estrés y el aumento de la tensión sexual”. Una de esas formas es la compra de sexo, por lo general en lugares de consumo de alcohol y drogas, lo que añade vulnerabilidad.
La situación de los soldados mexicanos no dista de las apreciaciones de ambos estudios. La doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), declaró durante el VIII Congreso Nacional de VIH/Sida en Boca del Río, Veracruz, que en México los militares son uno de los grupos de la población más expuestos a la infección y diseminación del VIH/sida y otras ITS.
El doctor guatemalteco Rodolfo Díaz Barrios, autor de la investigación Experiencia en el uso del tratamiento antirretroviral en los pacientes con VIH en el Hospital Central Militar de México (HCMM), aseguró que el número de personas con VIH/sida que ingresan anualmente a esa institución médica “fluctúa entre 90 y 100 personas diagnosticadas”, lo que no quiere decir que todas sean militares, pues también se atiende a familiares de los mismos. “El porcentaje debe estar en razón de 60 por ciento militares y el resto derechohabientes”, dijo.
Vidas errantes
No obstante, se desconoce la dimensión del problema, ya que “cuando (las autoridades militares) descubren casos de VIH, se da de baja a los portadores y se les deja sin atención médica, lo que ocasiona que no se tenga un control o registro preciso de los mismos”, según manifestó la doctora Uribe Zúñiga en Veracruz. Además, las autoridades militares se han negado a dar información al mismo Censida, a pesar de que las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar) forman parte del Conasida.
Sin embargo, esta situación sí se conoce desde hace varios años en diversas organizaciones civiles con trabajo en VIH/sida y derechos humanos, pues muchos de los militares despedidos recurren a instancias ciudadanas en busca de apoyo y orientación. La mayoría de las veces el resultado es que se integran a las listas de espera de la Secretaría de Salud para recibir tratamiento o simplemente desisten y desaparecen, lo que provoca que deambulen sin apoyo ni atención médica por todo el país, poniendo en riesgo, además de su salud, la de sus parejas sexuales, sean éstas estables u ocasionales.
Muy pocos han emprendido denuncias penales contra la institución militar y hasta el momento se sabe de algunos cuantos casos que han resultado favorables a los denunciantes, aunque las autoridades militares se han negado rotundamente a hablar de ello. Letra S solicitó de manera formal entrevistas con los responsables de las áreas de Servicios Médicos y de la Procuraduría de Justicia Militar. La respuesta llegó después de tres semanas de insistencia telefónica. En carta fechada el 28 de febrero, el General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Efrén Martínez Guzmán, respondió que debido a las actividades programadas del personal militar con el que solicitamos platicar, no era posible que nos atendieran. Agrega que la Sedena, “a través del Servicio de Sanidad, mantiene una constante difusión y atención a dicho problema”. Asimismo, dice que “las acciones implementadas por esta Secretaría han permitido una conciencia en el personal militar”.
La misma petición se hizo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva algunos casos sin precisar cuántos, y aquí la respuesta fue que “por ser expedientes vigentes” no podía dar información al respecto.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido, de 1990 a la fecha, 32 quejas de miembros seropositivos de las fuerzas armadas mexicanas por violación a sus derechos. De éstas, 26 corresponden a la Sedena y seis a la Semar. Siete se presentaron en el 2002; sin embargo, la CNDH no ha emitido recomendación alguna por considerar que “ninguna de las 32 quejas ha sido violatoria”, según afirmó en entrevista con Letra S el primer visitador Víctor Manuel Martínez Bullé-Goiri. “Cuando se reporta que un militar vive con VIH, en ese momento queda inhábil para el servicio y entonces lo dan de baja… eso lo prevé la normatividad del Ejército. La CNDH no ha encontrado que (esas bajas) sean violatorias a sus derechos, pues en la mayoría de casos los que terminan enfermándose de sida dejan de ser aptos para el servicio, desde la perspectiva del Ejército, y nosotros no podemos intervenir en su normatividad.”
Soldados en “custodia familiar”
Otra es la percepción de Jesús, ex militar que dio su testimonio a Letra S con la condición del anonimato. Jesús fue dado de baja por haber resultado positivo al VIH: “Los soldados –dijo– no tenemos los mismos derechos que los civiles; por eso, cuando nos detectan sida somos despedidos, en muchos casos sin que sepamos que fue por sida.” Jesús lleva más de siete años en el Ejército mexicano, es casado y padre de un niño. Y por la forma como lo han tratado, no le gustaría regresar al servicio activo, “ya no sería lo mismo”, afirma con amargura. Lo único que espera es llegar a un arreglo para que le sigan proporcionando el tratamiento, pues no tiene la antigüedad suficiente para recibir pensión.
El caso de Juan es parecido, pero a diferencia de Jesús, él no está de acuerdo con su baja: “yo no me siento inútil, me siento apto para todo, para lo que venga”, afirma con resolución. Cuando le declararon la “inutilidad de primera categoría” debido al VIH, Juan llevaba once años en el Ejército y había alcanzado dos grados de soldado. Él ha prestado sus servicios en varios lugares del país, sobretodo en la sierra de Guerrero, y ahora le parece injusto que después de tantos años de servicio lo quieran dar de baja, sin ningún derecho.
Al respecto, el primer visitador Martínez Bullé-Goiri comentó que, por lo regular, los militares denunciantes no se sienten sujetos de derecho. “Ellos –afirma– tienen poco conocimiento de sus derechos, lo que los hace susceptibles a abusos. Son jóvenes que generalmente tienen poco desarrollo cultural y bajo nivel de instrucción, que ingresan a un sistema donde el eje es la disciplina.”
Pedro Morales Aché, quien ha llevado como abogado civil 18 juicios de amparo promovidos por militares seropositivos e incluso ha planteado los primeros casos de discriminación normativa, considera que dichas bajas son violatorias de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la protección de la salud. Explica que la discriminación normativa se refiere a que las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas establecen un tratamiento diferencial y más perjudicial para los militares que tienen una inutilidad contraída fuera de actos de servicio, en comparación con el trato que reciben las personas que estando incapacitadas se encuentran reguladas por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y por la Ley del Seguro Social.
El litigante especialista en casos de VIH, afirma que el sector militar es un grupo vulnerable al que se violan de manera sistemática sus derechos humanos al realizarles pruebas obligatorias de detección sin consentimiento informado, pruebas de detección como requisito para la promoción de grado, nula consejería o asesoramiento una vez detectado el VIH/sida, segregación pública de las unidades, estigmatización y baja por una supuesta “inutilidad”, lo que repercute en la pérdida del derecho a la atención médica y medicamentos para ellos y sus familiares.
El abogado quien logró el primer pronunciamiento favorable a una persona con VIH/sida por parte de la Suprema Corte de Justicia, destaca que el Ejército ha interpretado de manera errónea la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, pues estar infectado de VIH, por sí mismo, no es una causa de baja del Ejército, ya que dichas causas se encuentran establecidas de manera limitativa en la citada ley. El Ejército erróneamente aplica la causal prevista en la fracción 117 de la primera categoría de las tablas anexas a la misma, que señala como causa de retiro “la susceptibilidad a infecciones recurrentes atribuibles a estados de inmunodeficiencias celulares o humorales del organismo, no susceptibles de tratamiento”, que no es el caso de la infección por VIH, ya que ésta sí es susceptible de tratamiento, de los que existen varios en el mercado.
Por último, Morales Aché subraya el carácter progresista de los Tribunales Federales, que han reconocido a través de los juicios de amparo que la violación al derecho a la protección de la salud constituye una afectación substancial de un derecho humano reconocido por la Constitución, por lo que invariablemente han otorgado medidas cautelares a favor de las personas afectadas, ordenando que se les sigan proporcionando los medicamentos y la atención médica que requieren. En contraste, lamenta que la CNDH haya avalado tales bajas, por considerar que las mismas son legales.
Desconocimiento, principal causal de ITS
A pesar de que el Ejército mexicano se negó a proporcionar información sobre lo que sucede en torno al VIH/sida dentro de sus filas y sobre sus acciones concretas en la materia, una encuesta centinela realizada entre julio de 2001 y julio del 2002 en la XXI Zona Militar, coordinada por el doctor Ramón Hernández Martínez, de la Secretaría de Salud de Michoacán, reveló que de 660 soldados encuestados, 88 presentaron alguna ITS y varios de ellos más de una. Las más frecuentes fueron gonorrea (55), herpes (12) y el virus del papiloma humano (12). Además, se reveló un bajo uso del condón entre los soldados.
En una segunda intervención, seis meses después de la primera encuesta y luego de que los reclutas recibieran talleres de prevención, el estudio arrojó un descenso en las infecciones: gonorrea (15), herpes genital (5) y virus del papiloma humano (2). Casos de VIH/sida, de acuerdo con el doctor Hernández Martínez, no se reportó ninguno. De los resultados se desprende que “diseñar estrategias educativas dirigidas a todo tipo de población vulnerable a las prácticas de riesgo, disminuye su nivel de vulnerabilidad”.
María Sarquiz, de 64 años de edad y voluntaria de la organización civil La Manta de México, desde hace cuatro años acude todos los lunes al Campo Militar Número 1 a impartir talleres de prevención. “Mis muchachos –como ella les llama– me escuchan atentos durante las dos horas que dura el taller. Platicamos sobre las diferentes formas de prevenir el VIH. Ellos saben muy poco sobre el tema y manifiestan su temor a contraerlo, eso me lo dicen sus risitas nerviosas cuando abordamos una por una las posibilidades de infección. Sus principales dudas son infectarse con el peluquero o por piquetes de moscos, pero a poco vamos eliminando los prejuicios sobre el sida, además que se les enfatiza el respeto a todas las formas de expresión sexual.”
Entrevistada por Letra S, Sarquiz relató que las preguntas de los jóvenes revelan un desconocimiento profundo sobre el tema y muy poca confianza para hablar de sexualidad.
Violaciones recurrentes
En otros países latinoamericanos, cuyas Fuerzas Armadas tienen regulaciones similares a las de México, también se han presentado demandas contra los ejércitos por violar los derechos humanos de militares con VIH/sida. En Venezuela, por ejemplo, se ha ganado ya un juicio de amparo constitucional en contra del ministro de la Defensa, por la inhabilitación de cuatro soldados portadores del VIH a quienes, además de violar la confidencialidad de su seropositividad, se les dio “reposo domiciliario”; fueron calificados con adjetivos que ofenden su condición de hombre, su orientación sexual y su dignidad y se violó su derecho a la salud.
La resolución emitida en enero de 1998 ordenó al Ministro de la Defensa de Venezuela “preservar el secreto del estado de salud de los enfermos de VIH/sida; garantizar la seguridad social, asistencia médica y derecho a la salud que les permita a los ‘recurrentes’ recibir tratamiento médico adecuado… asimismo, debe garantizárseles las remuneraciones de ley”. En la resolución se instruye al ministro de la Defensa para que, luego de la publicación de la sentencia, “imparta directivas de concientización de la enfermedad del VIH/sida en el sentido de su gravedad y el comportamiento de solidaridad y ético de todo el personal de las Fuerzas Armadas” de Venezuela.
La pregunta que queda en el aire es si en México hará falta una resolución parecida para que se garanticen lo derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas afectados por el VIH/sida.