Por: Antonio Medina
Marcela Martínez Roaro es abogada de profesión y ejerce la docencia universitaria. La profesionalización constante y una visión integradora desde el feminismo, la llevaron a los senderos de la educación sexual —otra profesión que le ha dado la posibilidad de implementar los conocimientos del derecho a temas relacionados con la salud y educación sexual y los temas de género—, lo que le ha permitido tener una visión panóptica de las políticas públicas en materia de justicia y derechos en torno a la salud sexual y reproductiva.
Martínez Roaro es referente obligado en el trabajo sexológico en México, autora del libro Derechos y delitos sexuales y reproductivos en el que argumenta el reclamo de las feministas sobre la despenalización del aborto que: “Contribuiría a preservar la salud y la vida de miles de mujeres. […] Se requiere incidir en la información y educación sexual, pero también en la asimilación de la perspectiva de género en las políticas públicas”.
Martínez Roaro —nombrada presidenta de la Federación Mexicana de Salud Sexual y Sexología (Femess) durante el VIII Congreso Nacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas— plantea que los temas de la sexualidad humana no son tomados en cuenta en la currícula magisterial ni en carreras universitarias como derecho, pedagogía, medicina, comunicación y otras profesiones que requieren información sólida al respecto: “Los sectores que se atienden en el campo profesional, muchas veces son afectados por prejuicios construidos históricamente”, y estos redundan en la población una vez que son plasmados en los espacios de decisión política. Para profundizar en esas ideas, az conversó con la docente en el marco del encuentro sexológico de la Femess, a finales de octubre.
Antonio Medina Trejo (AMT): ¿Cómo se podrían cuantificar los efectos de los prejuicios sexuales en ámbitos como la educación, la salud o el derecho?
Marcela Martínez Roaro (MMR): Son incuantificables si pensamos que en nuestro país no se ha logrado que el condón se use de manera regular entre los jóvenes, lo que provoca embarazos no planeados y abortos en condiciones insalubres. Algunas de las adolescentes mueren o afectan su salud drásticamente. Es en este sentido en el que la falta de educación sexual se ve reflejada, pero también en las políticas de salud dirigidas a jóvenes, por ejemplo: que tengan acceso a abortos planeados en condiciones ideales. Éste, podría ser uno de los casos más representativos de la falta de políticas públicas integrales que afectan a capas poblacionales marginales. A esos jóvenes se les violan los derechos sexuales y reproductivos y, además, como vemos recientemente en algunos estados el país, se les criminaliza si deciden abortar.
AMT: ¿Esa criminalización deviene de dogmas religiosos?
MMR: Lo comenté en mi ponencia: “¿Laico o guadalupano? El Estado mexicano y sus políticas públicas en sexualidad”, el Estado mexicano fue confesional durante varios siglos y su finalidad fue la de imponer el reino de Dios sobre la tierra mediante dogmas católicos. Esas percepciones siguen vigentes y se filtran al hacer políticas públicas o aplicar las leyes.
AMT: ¿Esas acciones, que devienen de creencias y dogmas que rigen un gobierno extranjero, en este caso el Estado Vaticano, violan las leyes mexicanas en materia de laicidad?
MMR: Desde luego, cuando interviene una creencia religiosa en una política pública o—como ha sucedido— cuando un jerarca religioso influye para que se haga, o no, una política pública, se está violando la soberanía nacional, pues está interviniendo otro Estado sobre asuntos que solamente competen al Gobierno Federal.
AMT: ¿Qué ejemplo podría ilustrar mejor esta situación?
MMR: Muchos, pero en el caso de las políticas en materia de anticoncepción de emergencia, se ha tenido una línea directa de los jerarcas religiosos para que se frene la legislación al respecto. Sobre el matrimonio y la familia, se insiste en el dogma vaticano, su intención de imponer la visión de familia natural —que proviene de la iglesia católica—, en la que se excluye la posibilidad de que parejas del mismo sexo accedan a ese derecho constitucional y a todos los beneficios sociales que devienen de dicha ley.
AMT: En el DF, donde se ha despenalizado el aborto, existen médicos que apelan a la objeción de conciencia y se niegan a intervenir a mujeres que deciden abortar.
MMR: Están en su derecho. Pero el Estado debe brindar la posibilidad de acceder a ese derecho que se ganó en la capital del país, independientemente de que haya algunos médicos que no deseen practicarles un aborto seguro por cuestiones éticas.
AMT: En el caso de primaria y secundaria, se han registrado casos donde las maestras optan por lecturas o clases fuera del programa oficial y obligan a sus alumnos a leer libros con temas religiosos…
MMR: Están violando las leyes mexicanas pues los programas son precisos y los temas deben estudiarse bajo el entendido de que vivimos en un país laico, ya que nuestra Carta Magna lo garantiza. No se debe privilegiar a una religión ni imponer una sola visión en la materia.
AMT: Por último, ¿cuál sería el reto en cuanto a las políticas de educación, salud y justicia, para detener la intromisión de posturas conservadoras en temas de sexualidad?
MMR: Avanzar en materia de educación sexual en todos los niveles, desde una perspectiva humanista y científica. Que desde la educación primaria se reivindique el respeto a todas las ideas y se faciliten herramientas educativas para el pensamiento crítico; que no se fomenten prejuicios impuestos a través de concepciones religiosas o dogmáticas, asumiendo que el Estado es laico y que en todos los ámbitos del gobierno se debe actuar en consecuencia, y que educación, salud y justicia son elementos fundamentales para avanzar en la educación sexual desde una perspectiva laica, humanista y científica.
* Entrevista publicada en la revista AZ http://www.educacionyculturaaz.com/ del mes de noviembre. j_medina27@hotmail.com / twitter: @antoniomedina41