Por Antonio Medina Trejo *
El pasado 9 de febrero la diputada América Rangel, del PAN, presentó una iniciativa de ley en el pleno del Congreso de la Ciudad de México que plantea castigar “a quienes mutilen los cuerpos de niños, niñas y jóvenes, o quien medique o aplique modelantes corporales a menores de edad” con el fin de cambiarles el sexo.
Esta propuesta responde a prejuicios transfóbicos muy arraigados y a una suerte de pánico moral. En un año preelectoral, la legisladora busca el foco mediático y hace un guiño a grupos conservadores de ultraderecha e izquierda.
Con información falsa y recurriendo al concepto “ideología de género” creado por grupos antiderechos para frenar los avances de la diversidad sexual, Rangel Lorenzana busca envenenar el imaginario social en torno al activismo trans, el cual solamente lucha por sus derechos y la igualdad que le permita acceder a las mismas oportunidades que el resto de la población.
La iniciativa de la diputada ha generado un círculo vicioso de violencia, que en menos de una semana pasó de lo verbal y simbólico desde tribuna, a la violencia física en el mismo recinto legislativo donde la consigna moralista “con los niños no” funcionó al grado de que los guardias de seguridad violentaron físicamente a las activistas trans.
Los hechos se suscitaron cuatro días después de presentarse la iniciativa cuando un grupo de activistas de la diversidad sexual acudió al Congreso de la Ciudad de México para exigir a la diputada Rangel respeto a la comunidad trans, pues desde tribuna, la diputada Rangel lanzó aseveraciones que “incitan al odio contra nosotras y nos estigmatiza al decir que promovemos una ideología perversa que quiere cambiar el sexo de los niños”, declararon.
La propuesta parte de una mentira rotunda, ya que en la Ciudad de México ninguna organización civil o algún grupo legislativo ha sugerido intervenciones quirúrgicas o tratamientos de reemplazo hormonal a infancias trans; de hecho, la diputada Gabriela Quiroga, del PRD, propuso a mediados del 2022 una ley para castigar a quienes apliquen modelantes ilegales que dañen los cuerpos de las personas trans. Dicha iniciativa fue avalada por todos los grupos parlamentarios y pasó por mayoría absoluta.
En un año preelectoral y sabiendo que su propuesta no pasará en un Congreso que en las últimas dos décadas ha defendido la progresividad de derechos, el interés de la panista no es más que dividir a la opinión pública llevando la discusión al terreno de las infancias trans y la falacia de que se busca intervenir sus cuerpos. Es decir, apela a los prejuicios de un electorado conservador y a la vez coquetea con un sector minoritario del feminismo que comparte planteamientos extremos de grupos antiderechos, que aseguran que “la ideología de género y el movimiento trans tienen un lobby legislativo” encaminado a cambiar leyes para favorecer el lucro de farmacéuticas internacionales con la venta de modelantes corporales y terapias hormonales, además de “borrar a las mujeres para ocupar sus espacios políticos”.
La narrativa de la diputada América Rangel, basada en la teoría binaria y errónea de la “disforia de género” es la que defienden grupos de extrema derecha en España a través de Vox y en México por medio del Partido Encuentro Social, pero también a través de personajes como el diputado del PAN Gabriel Quadri.
En México, estos grupos pretenden revertir logros legislativos y políticas públicas alcanzadas por el movimiento trans, pero al saber que será muy difícil echarlos atrás, recurren a la falacia de que se busca intervenir hormonal y quirúrgicamente los cuerpos de las infancias trans.
No obstante la violencia machista, misógina y transfóbico que las personas trans viven en sus casas, escuelas, instituciones y espacios públicos, gracias a su persistencia colectiva, en México este movimiento sigue avanzando en derechos. Hoy, gracias a un protocolo en el INE, desde 2018 las personas trans pueden votar y ser votadas sin que su identidad de género sea una limitante, además, el reconocimiento de la identidad de género es un realidad en 21 estados. En Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, Sinaloa y Morelos, este derecho también beneficia -con el consentimiento de padres o tutores- a infantes trans a partir de los 12 años de edad.
* Activista pro derechos humanos y periodista independiente. @antoniomedina41