Por Antonio Medina Trejo *
La situación de salud de las personas que viven con VIH en México mejoró cuando se logró el Acceso Universal a los medicamentos antirretrovirales a inicios del siglo XX.
Han transcurrido tres sexenios y los avances hasta antes del 2019 están a la vista, pues se logró afianzar el derecho a la salud de las personas seropositivas en un muy alto porcentaje, pero en este 2025 la preocupación es que, a pesar de los avances en medicación y atención, de hecho, en prevención, se ve en peligro por el desorden gubernamental y falta de claridad en la asignación presupuestal para mantener los logros construidos por sociedad civil.
De acuerdo a datos del Censida, en México hay al rededor de 370,000 personas que viven con VIH, de las cuales 200 mil reciben medicamentos antirretrovirales, y de ese universo de personas, el 94% registra indetectabilidad debido a una ingesta correcta de la medicación.
Es decir, la inversión de garantizar el derecho a la salud durante los primeros tres sexenios de este siglo (18 años) ha redundado en calidad de vida de quienes han recibido sus antirretrovirales de forma correcta en ese periodo, pues la adherencia al medicamento es vital para las personas VIH positivas.
Por ello, es la preocupación de activistas (no orgánicos) al ver que el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados para 2026 por la mayoría legislativa, no precisa el desglose del gasto, además de ver la reducción del presupuesto general en salud, que según datos del oficialismo es del 4.3% “en términos reales”, lo que agravará la situación en el corto plazo.
Activistas y analistas critican la falta de voluntad política para abordar la epidemia del VIH/sida de forma integral y sostenida. “Nos están dejando morir”, ha denunciado ante medios el activista Alaín Pinzón, director de la organización civil VIHve Libre, quien es un aguerrido y propositivo luchador social, lo que le ha costado la persecución judicial del actual gobierno por exigir derechos de personas que viven con VIH.
La fusión de programas de salud en un solo rubro, “Política de Prevención y Control de Enfermedades”, genera preocupación por la pérdida de enfoque en el VIH y por el abandono que se ha venido dando desde el 2019, cuando el ex presidente López Obrador decidió cambiar las reglas en la compra de medicamentos “para economizar”, además de desaparecer el Fondo de Gastos Catastróficos (en mayo de 2023), que cubría medicamentos antirretrovirales contra el VIH/sida, sin olvidar que destruyó la cadena de distribución de medicinas, lo que ha provocado desabasto intermitente en varias regiones del país y desperdicio de medicamentos al no llegar a sus destinos en tiempo y forma, provocando que caduquen en bodegas.
Ante la incertidumbre que ha generado el camuflaje presupuestario en VIH en el presupuesto de 2026, se pidió una explicación al diputado Jaime López, coordinador de la Comisión de Diversidad Sexual, y quien avaló las disminuciones presupuestarias propuestas por Claudia Sheinbaum, a lo que respondió en un escueto comunicado que se fusionaron dos partidas presupuestarias, la P018 y P028, lo que, supuestamente, beneficiará el gasto total en VIH al “lograr”, de hecho, “un aumento en ese rubro”.
La visión optimista del diputado es leída con tiento por activistas (no orgánicos) como Edgar Marchand, quien considera que al cambiar rubros “se escamotea la reducción real del presupuesto”, y “se desdibuja la prevención focalizada”, a la cual se suman otros rubros de salud como enfermedades prevenibles: diabetes, cardiovasculares, renales, etc, lo que provocará, “la disminución eminente al presupuesto específico para VIH”, además de que se excluye VPH y Mpox.
De acuerdo a la OMS, el presupuesto 2026 no cumple con la recomendación de ese órgano internacional, pues países como México deben invertir al menos el 6% del PIB a la salud, y México solo asigna el 2.6% (no el 4.3 como asegura el gobierno federal), lo que se traducirá en un acceso limitado a tratamientos y medicamentos para quienes viven con VIH.
Algunas voces de la sociedad civil exigen acciones concretas para enfrentar la pandemia, más allá de los festejos triunfalistas de instituciones públicas con activistas, pues piden que vuelva la financiación real a las ONGs que se quitó desde el sexenio anterior, lo que ha limitado la prevención que realizaban activistas. Así lo denuncia la organización Una Mano Amiga, de Chiapas, que además pide se atiendan las necesidades de grupos excluidos, como los migrantes, que han sido olvidados por el gobierno mexicano.
Este 1o de diciembre, que se conmemoró el Día Mundial del Lucha contra el VIH/sida, deja la reflexión de que no se ha ganado aún la lucha contra la pandemia del VIH a pesar de los avances indiscutibles, tanto científicos, que han aportado medicamentos muy efectivos, como de políticas públicas, que han permitido garantizar la salud de más de 200 mil personas que reciben medicamentos antirretrovirales en México. No obstante, hay focos rojos que alertan posibles retrocesos por la simulación o el camuflaje de presupuestos.
Ante posibles afectaciones hacia los miles de personas seropositivas por las razones arriba expuestas, es muy importante que el activismo no deje de actuar con determinación en la lucha que ha permitido avanzar, de lo contrario, la pasividad y dar cheque en blanco al gobierno sin cuestionarlo y exigirle claridad, permitirá derrumbar logros y avances, lo que afectará la calidad de vida de quienes han tenido la garantía del derecho a la salud.
* Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad. @antoniomedina41