Por Antonio Medina Trejo *
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, México se encuentra frente a un espejo roto y ensangrentado. Lo que debería ser un momento de celebración por avances libertarios, se convierte, una año más, en un recordatorio doloroso de las promesas que no se han materializado en la vida cotidiana de la ciudadanía de nuestro país.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, su gobierno se presentó como el antídoto contra las injusticias del “pasado neoliberal”: “Primero los pobres”, “abrazos y no balazos” y una supuesta transformación que suponía el fin a la impunidad y las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Sin embargo, los hechos —documentados por organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI)— pintan un panorama completamente opuesto: un país donde las desapariciones, los homicidios selectivos y el desabasto de medicamentos, por mencionar algunos temas, no solo persisten, sino que se han agudizado.
En esta reflexión, no busco mera denuncia, sino un llamado a recuperar la memoria inmediata para que no nos quieran dar atole con el dedo con discursos triunfalistas desde la mañanera y sus réplicas en medios oficialistas que no cuestionan, y sí avalan lo que se dice desde el poder: ¿qué ha pasado con esos niños y niñas que murieron sin quimioterapias, o con las miles de familias que buscan a sus desaparecidos, o con decenas de activistas y periodistas silenciados a balazos?
El desabasto de medicamentos oncológicos para niños es, quizá, el capítulo más cruel de esta historia reciente de negligencia estatal. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, miles de infantes con cáncer enfrentaron, no solo la enfermedad, sino la indiferencia gubernamental que les negó tratamientos básicos. Según datos de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC), entre 2019 y 2025, más de 4,000 niños murieron por falta de quimioterapias y otros fármacos esenciales, además de haber sido señalados por el Jefe del Ejecutivo de emprender una “campaña de desprestigio contra el gobierno” (sic) y ser “instigadores desde la derecha”.
El gobierno, en lugar de fortalecer el sistema de salud pública, optó por centralizar compras y culpar a “intereses farmacéuticos”, mientras el presupuesto para cáncer infantil se recortaba drásticamente —de 300 millones de pesos anuales a cifras irrisorias—. Familias enteras, como las que protestaron en 2020 frente al Palacio Nacional, vieron cómo se extinguía la vida de sus niños, niñas y adolescentes.
No fue un error administrativo o burocracia irresponsable; fue una violación flagrante al derecho a la salud, consagrado en el artículo 4° de nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos de los Niño y las Niñas. ¿Cuántas vidas se habrían salvado con una gestión eficiente?
Las desapariciones forzadas encarnan el terror sistemático que azota al país con 128 mil personas desaparecidas, de las cuales, 51 mil se sumaron en el sexenio del ex presidente López Obrador —un ritmo de una desaparición cada hora, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)—. Esto equivale al 44% del total histórico, superando incluso los peores años de la “guerra contra el narco” de Calderón.
El gobierno presume “localizaciones” —alrededor de 16,000 hasta 2024—, pero estas son gotas en un océano, donde madres como las del colectivo Hasta Encontrarlos cavan en fosas clandestinas con palas y con sus propias manos, mientras que el Estado indolente las ignora y las estigmatiza, además de acosarlas o persuadirlas para no “hacer ruido”. Ellas, con la dignidad y el dolor a cuestas, le dicen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que siguen “subyugadas bajo el techo de cristal”, sin lograr conmoverla, tal como sucedió con su antecesor.
La militarización de la seguridad, con la Guardia Nacional bajo control castrense, ha profundizado el problema: ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se multiplican, como advierte HRW en su Informe Mundial 2025. En un país que firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, esta cifra no es una simple estadística que da datos; es una suerte de “grito de auxilio colectivo”.
Latinoamérica vio un aumento del 9% en estos crímenes en 2024, pero México lidera la lista, con Veracruz y Guerrero como epicentros de esta masacre selectiva, teniendo como víctimas a periodistas y ambientalistas, que han pagado con su vida el precio de alzar la voz contra megaproyectos como el Tren Maya o la corrupción en mineras.
Amnistía Internacional denuncia que las fuerzas armadas, ahora omnipresentes, cometen abusos con total impunidad, incluyendo posibles ejecuciones.
Un caso emblemático en el sexenio anterior fue el asesinato del activista Samir Flores en 2019, por oponerse a la construcción de un ducto. Su crimen simboliza la resistencia silenciada que se dio días después de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador lo exhibiera en su mañanera, estigmatizándolo y desestimando las denuncias del luchador social.
No menos alarmante es la escalada de violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes desde el discurso oficial dice proteger, pero que en la realidad, el Estado abandona a su suerte: Entre 2018 y 2024, al menos 92 activistas fueron asesinados en México, según la Red de Defensores de Derechos Humanos (Red TDT), con un pico de 179 homicidios en 2024 solo por defender territorio, agua y comunidades indígenas; mientras que la población LGBT ha perdido a 12 activistas entre 2019 y 2024, como lo ha informado recientemente el Observatorio de Crímenes LGBT, sin olvidar la persecución judicial de la Secretaría de Salud contra un activista por protestar y exigir el derecho a la salud de quienes viven con VIH/sida.
No olvidemos tampoco las denuncias de crímenes de odio por LGBTfobia, como las cuatro registradas apenas después del Mes del Orgullo en 2025, que exponen la hipocresía de un “progreso” que adula a la diversidad sexual en discursos, pero falla en la momento de aplicar leyes “progres” o políticas públicas incluyentes.
A estos horrores se suman las secuelas de la pandemia de COVID-19, que bajo el manejo errático del gobierno —con negacionismo inicial y opacidad en datos— violó el derecho a la información y a la salud de toda la población. Los resultados de esa irresponsabilidad criminal, tuvo como resultado excedentes de mortalidad indirecta, suspensión de garantías y un desabasto generalizado de insumos que agravaron las desigualdades, dejando a miles de niños y niñas en la orfandad, una secuela aún no estudiada lo suficiente, pero que ahí está, con infantes que sobreviven sin la protección del Estado y vulnerables en su integridad física y emocional.
Estos siete años —de 2018 a 2025— han dejado una lección amarga: el gobierno actual nos queda mucho a deber. Lejos de bajar las tendencias de violaciones a los derechos humanos, como se prometió, se han incrementado exponencialmente, y se prevé se agudice la situación con un Poder Judicial bajo el control total del Poder Ejecutivo, sin posibilidades de ejercer la justicia con base en las leyes, y sí favorecer al gobierno, al empresariado cercano al poder político, y una manga muy ancha para que los criminales sigan teniendo impunidad con jueces puestos para favorecerlos.
El 10 de diciembre la narrativa triunfalista del gobierno debe ser cuestionada y confrontada con hechos. Exijamos justicia no como consuelo, sino como imperativo. Porque en México, los Derechos Humanos no deben verse como una concesión bondadosa del gobierno; son el oxígeno de una nación que, de no actuar, se asfixiará en su propia indiferencia. ¿Cuánto más esperaremos para que el cambio deje de estar en el discurso político y pueda experimentarse en la vida de las personas?
* Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad. @antoniomedina41