Por Antonio Medina Trejo *
Durante 16 años, Viktor Orbán convirtió a Hungría en el laboratorio europeo del iliberalismo. Y la comunidad LGBT fue, para variar, su conejillo de indias. Gobernó con un manual claro: usar a las minorías como enemigo interno para cohesionar a su base, ganar elecciones y presentarse como “defensor de los valores cristianos” frente a una supuesta “ideología de género” que amenazaba a los niños.
La opresión que vivieron las disidencias sexuales fue sistemática, no anecdótica: en 2020 prohibió el cambio de género en documentos, borrando de un plumazo la existencia legal de las personas trans; en 2021, con la llamada “ley de protección infantil”, vetó cualquier mención de homosexualidad en escuelas, libros o películas accesibles a menores, equiparando diversidad con pederastia.
Como todo gobierno ultra conservador y retardatario, redefinió el matrimonio en la Constitución como unión exclusiva entre hombre y mujer y cerró la puerta a la adopción por parejas del mismo sexo. Y en marzo de 2025, como colofón, su Parlamento aprobó una base legal para prohibir las marchas del Orgullo LGBTIQ+, permitiendo a la policía multar con reconocimiento facial a quien asistiera.
Un mes después, reformó la Constitución para declarar que Hungría “solo reconoce dos sexos”.
El mensaje era inequívoco: ser LGBT en la Hungría de Orbán significaba ser ciudadano de segunda. Implicaba perder el trabajo por aparecer en una lista, ser despedido por “amenaza a la seguridad” tras un acto de vigilancia, o enfrentar causas penales por organizar el Orgullo.
Y llegó el cambio.
El 12 de abril de 2026 esa etapa se quebró con la llegada de Péter Magyar y su partido Tisza, que ganó con 51.2% y 138 escaños, suficiente para reformar la Constitución.
En la plaza frente al Parlamento, con el Danubio de testigo, dijo algo que en 16 años nadie había dicho desde el poder: “Un país en el que no se castigue a nadie por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.
La explanada estalló. La UE respiró. Amnistía Internacional, Háttér Society y miles de húngaros que marcharon bajo la prohibición del Orgullo 2025 sintieron que, por primera vez, el viento cambiaba.
¿Y qué representa esta nueva etapa para las poblaciones de la diversidad en Hungría?. Pues de entrada, la posibilidad de desmantelar un andamiaje legal construido para estigmatizar, discriminar y excluir de sus derechos a las personas no heterosexuales.
Magyar tiene mayoría de dos tercios en el Congreso y puede derogar la ley que prohíbe la marcha de Orgullo, también podría devolver la identidad legal a las personas trans, reabrir la adopción a LGBT y sacar de la Constitución la definición binaria de sexo.
Sin duda, puede hacer que Hungría deje de ser “régimen híbrido de autocracia electoral” y vuelva a ser un socio que desbloquee 18,000 millones de euros congelados por Bruselas por violar el Estado de derecho.
Pero aquí viene la reflexión incómoda que nos deja la experiencia latinoamericana y que hoy aplica a Budapest: “los derechos LGBT no pueden ser moneda de cambio electoral”, pues hay opiniones encontradas a esa apertura, ya que Orbán usó a la comunidad sexo diversa como chivo expiatorio para movilizar el voto rural conservador.
El riesgo es que su sucesor la use como “guiño” para ganar legitimidad ante Bruselas y votantes urbanos, sin que los compromisos se materialicen con cambios legales y en las políticas públicas.
Las señales son mixtas. Magyar se define como “conservador, defensor de la familia, la nación y el cristianismo” y está contra la inmigración ilegal como Orbán. Activistas de Háttér Society admiten que “evita lo controversial” porque entre sus votantes “muchos desaprueban todo lo que tiene que ver el Orgullo LGBT”.
Su estrategia es hablar de corrupción, salud y economía, no de derechos de las poblaciones de la diversidad sexual o LGBT, tal como lo ha expresado Momentum, el partido liberal húngaro, que lo dice sin rodeos: “Tisza no se pondrá abiertamente del lado de la comunidad LGBT” por cálculo político.
Por eso hay quien desde el activismo europeo dice que el “guiño” no basta. Los resultados se medirán en hechos, no en frases. Se medirán en si el nuevo primer ministro deroga el artículo 40 que restringe la identidad de género, si permite que el Orgullo de Budapest vuelva a ser celebración y no acto de desobediencia civil, si indemniza a funcionarios despedidos por ser LGBT o si repara el daño de 16 años de pedagogía e incitación al odio.
Hoy la ciudadanía LGBT de Hungría visualiza un horizonte multicolor y percibe que ha cesado el asedio estatal. Pero la democracia no se restaura con discursos en la plaza o arengas que sumen clientelas que voten. Se restaura con leyes que se borran, con sentencias que se revocan y con derechos que se devuelven y garantizan.
Magyar llegó al poder porque millones se cansaron de Orbán, no necesariamente porque abrazaran la agenda de diversidad. Entender esa diferencia es clave para que la comunidad LGBT no pase de ser víctima de un gobierno ultraconservador a ser recurso clientelar de uno nuevo, como ha sucedido en muchas naciones que tienen cambios de régimen.
La opresión fue real. El alivio es real. La reparación, todavía, es promesa. Y esa promesa solo se cumple retrocediendo cada una de las acciones violatorias de derechos humanos que Orbán ejerció contra la diversidad sexual de su país por más de tres lustro.
* Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad. @antoniomedina41
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Fuentes: El País, EFE, AFP, y Washington Blade.