A propósito del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa
Por Antonio Medina Trejo *
En México la censura ya no necesita tachar párrafos como sucedía antes. Le basta con un citatorio del SAT, una investigación de la UIF o una demanda penal “entre particulares” impulsada desde el poder. El resultado es el mismo de siempre: el silencio. Pero ahora el silencio se disfraza de decisión propia. Eso se llama autocensura, y es la forma más eficaz de acallar sin mancharse las manos.
El mecanismo es quirúrgico, pues ahora no se clausuran periódicos. Se auditan. No se encarcela al reportero. Se le congela la cuenta. El mensaje no va en un oficio, va en el miedo que deja el compañero o compañera que un día dejó de publicar porque “le cayó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
Ahí está el caso emblemático del periodista Carlos Loret de Mola, quien está padeciendo un proceso penal tras publicar videos donde Pío López Obrador, hermano del expresidente, recibe sobres con dinero. Hoy Loret enfrenta una denuncia penal del propio Pío que exige 200 millones de pesos por supuesto “daño moral”, en tanto, Latinus, el medio donde se difundió la información, es acusado de “daños punitivos” y también se le exigen 200 millones de pesos.
La acusación, según el mismo periodista ha informado, es por el delito contra el honor del hermano del ex presidente. El trasfondo de esa demanda es, a todas luces, usar el aparato judicial para castigar la investigación. De hecho, no importa si la demanda no prospera, el castigo es el proceso, los abogados, las horas en juzgados, el desgaste. Es una suerte de pedagogía del miedo. El mensaje es: “mira lo que le pasa al que se atreve”.
Y no es el único. Periodistas, activistas y académicos reciben con sorpresa revisiones fiscales atípicas tras publicar investigaciones sobre corrupción gubernamental, como ha sucedido con la organización civil Mexicanos contra la Corrupción, que se le ha retirado el beneficio de los recibos deducibles de impuestos para asfixiar su voz crítica.
La UIF, creada para perseguir lavado de dinero, termina revisando cuentas de medios críticos o de activistas sociales que impactan en el imaginario social con sus legítimas denuncias y criticas al gobierno, por lo que son acosados para callarles o hacer que se autocensuren.
Artículo 19 ha documentado que entre 2019 y 2025 aumentaron 40% las auditorías “selectivas” a portales independientes, tanto de medios críticos como de organizaciones civiles que denunciaron casos de corrupción. Nadie puede asegurar que es censura. Pero a todo el gremio periodístico y a activistas les queda claro que lo es, y mejor callan o se alinean a la lisonja mediática que les garantiza permanecía aunque no libertad de expresión.
En México no solo se censura con expedientes. También con balas. Es el país sin guerra más letal para la prensa: 163 periodistas asesinados desde el año 2000, 11 solo en 2025, de acuerdo a Artículo 19. La mayoría investigaba corrupción local o crimen organizado coludido con autoridades municipales o estatales.
Ahí están Miroslava Breach, Javier Valdez, Fredid Román. También están quienes siguen vivos bajo protección: Marcela Turati, Lydia Cacho o Anabel Hernández. Vivir con escoltas no es libertad. Es sobrevivir. Y cada amenaza que no se investiga, el gobierno manda el mismo mensaje: “el Estado no te cuida cuando estorbas”.
Así nace la autocensura. Y no necesariamente es cobardía. Es cálculo. El reportero en Sinaloa que deja de firmar sus notas. La académica que matiza su estudio sobre militarización o desvío de recursos. El medio local que decide no tocar al alcalde, al diputado o al gobernador porque “luego viene el SAT”.
Amnistía Internacional lo dijo en su informe 2025: en México la libertad de expresión se erosiona no solo por violencia directa, sino por “hostigamiento administrativo, estigmatización desde el poder y uso faccioso de instituciones”. Lo llamó “censura velada”.
Y cabe preguntarse: Las o los periodistas o activistas que dejan de ser críticos y deciden asumir la línea gubernamental de la adulación, o hacerle el caldo gordo al gobierno con sus cortinas de humo para distraer a la opinión pública, ¿qué tanto están cediendo a la autocensura? ¿Qué tanto se están beneficiando de callar y no cuestionar?.
Es así que este 3 de mayo del 2026 no celebramos. Recordamos. Porque la libertad de prensa no se mide en discursos demagógicos desde el poder político, sino en cuántos pueden ejercerla sin que les cueste la cuenta bancaria, la carrera o la vida.
La libertad de prensa o de expresión no es un privilegio de periodistas o activistas. Es el derecho de una sociedad a saber por qué le auditan solo a unos, porqué matan a quien pregunta, porqué el hermano de un presidente puede demandar al mensajero y no explicar lo que todo mundo vio.
Si el 3 de mayo significa algo, es esto: nombrar la mordaza. Decir que el SAT y la UIF no pueden ser la nueva redacción de noticias donde se otorga libertad condicionada o se dicta la línea editorial de los medios. Que una demanda penal no puede ser respuesta a un reportaje. Que proteger a Loret, a Cacho, a Hernández, a la reportera local amenazada o a la activista trans que defiende sus derechos, es proteger el derecho de todos a no vivir con miedo.
Porque el día que normalicemos la autocensura, el gobierno ya no necesitará censurar. Lo haremos nosotras-nosotros solos.
@antoniomedina41