La “Patrulla Espiritual” de Tijuana pretende “rehabilitar” a mujer trans
* Colectivas de todo México exigen justicia y cierre de esa agrupación conservadora que viola derechos humanos
* Piden que gobierno haga cumplir la ley que tipifica ECOSIG como delito
Ciudad de México, a 11 de mayo, 2026. (AMCI*).- Organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos de Baja California y todo México, denunciaron públicamente la privación ilegal de la libertad, tortura y tentativa de ECOSIG contra una mujer trans por parte de la agrupación “Patrulla Espiritual”, ocurrida el sábado 9 de mayo en Tijuana.
De acuerdo con videos y testimonios difundidos, la víctima fue sometida contra su voluntad, obligada a vestir ropa masculina y amenazada con cortarle el cabello. “Fueron actos de violencia y humillación dirigidos específicamente contra su identidad y expresión de género”, señala el posicionamiento lanzado en redes por Fundación Arcoíris, Coalición Mexicana LGBTTTIQANB+, Red Solidaria Trans, y más de 150 colectivas, además de activistas y luchadores sociales del movimiento LGBTIQ+ de México.
Las imágenes muestran a la mujer “visiblemente asustada, solicitando ser liberada y manifestando su negativa rotunda a ser trasladada”.
Las organizaciones advierten que se trata de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), delito tipificado en Baja California el 21 de abril de 2021 y en abril de 2024 a nivel federal en la Cámara de Diputados.
“Los intentos de imponerle vestimenta masculina y cortar su cabello no son solo actos de fuerza, sino que constituyen violencia simbólica, psicológica y de género, así como posibles tratos crueles y degradantes motivados por el prejuicio”, puntualizaron.
En un desplegado que han lanzado para sumar firmas en todo el país, advierten que con ese acto, se viola el Artículo 1º Constitucional, el cual prohíbe toda discriminación por identidad de género y obliga a las autoridades a proteger derechos humanos. Así mismo, se viola el derecho a la libertad personal y al libre desarrollo de la personalidad, pues la víctima fue trasladada sin consentimiento a un supuesto “centro de rehabilitación”.
Explican que hubo tortura y tratos crueles al cortarle el cabello a la víctima y hacerle cambio forzado de vestimenta, lo que se considera violencia por prejuicio. “Estos hechos representan una grave violación a los derechos humanos. Ningún grupo civil puede estar por encima de la ley ni justificar internamientos forzados”, subrayan las firmantes.
Ante ello, exigen de manera inmediata verificar el estado físico, psicológico y jurídico de la víctima y garantizar medidas de protección, además de investigar privación ilegal de la libertad, violencia de género, discriminación y ECOSIG.
En el documento, piden que el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones
(IMSAMA) y la Secretaría de Salud auditen los “centros de rehabilitación” vinculados a “Patrulla Espiritual” y clausuren los que operen fuera de la NOM-028-SSA2-2009 y que haya una reparación integral del daño con perspectiva de género, además de un posicionamiento institucional y público en defensa de las personas trans.
“La dignidad, identidad y libertad de las personas trans no son negociables. Ninguna forma de violencia o ‘rehabilitación’ basada en la imposición puede ser tolerada”, concluye el documento el cual fue dirigido a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de BC; Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana; Ma. Elena Andrade Ramírez, fiscal general de BC; José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud; Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la CEDHBC; José Ángel Vizcarra Reynoso, fiscal especializado en DDHH; Alejandra Basaldúa Silva, titular de la CEEAV; Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana; y Ricardo Leonell Rodríguez González, titular de la Subdirección de Diversidad e Inclusión de Tijuana.
* Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad.
Nota: Imágenes tomadas de la misma organización “Patrulla Espiritual” que exhibió la detención en sus redes.