Por Antonio Medina Trejo *
La activista trans, Kenya Cuevas no pide favores. Exige lo que el Estado le debe desde hace nueve años: su vida.
Hoy la Fiscalía de la CDMX pretende cambiar a los escoltas que la protegen desde octubre de 2016. Lo hace sin explicación alguna, sin evaluación de riesgos, sin escuchar a quien carga las amenazas en el cuerpo. La burocracia de la justicia capitalina actúa como si Kenya fuera un expediente que se rota de escritorio. Pero Kenya no es un expediente. Es una mujer trans, defensora, sobreviviente de cárcel, de calle, de un atentado y de tres amenazas de muerte documentadas.
La autoridad que un día reconoció su riesgo extraordinario, hoy la empuja de nuevo a la vulnerabilidad. ¿Acaso fue demagogia o solo lucro clientelar para ganar votos trans en futuras elecciones?
En 2016 Kenya vio asesinar a su amiga Paola Buenrostro. Detuvo al agresor. Denunció. El Estado respondió con violencia institucional: la Fiscalía no investigó con perspectiva de género ni de diversidad sexual. La Policía se negó a darle escoltas porque “no se puede proteger a una servidora sexual”. Kenya ganó amparos para no morir.
Su lucha logró lo impensable: que el mismo Estado que la criminalizó tuviera que protegerla y que un juez ordenara medidas cautelares para después que el Mecanismo Federal la incorporara. Kenya obligó al Estado a reconocer que su vida importa. No fue concesión. Fue conquista legal.
Por eso indigna que después de nueve años, de fundar la Casa de las Muñecas Tiresias, de impulsar la Ley Paola Buenrostro, con el agresor prófugo y sin sentencia, la Fiscalía decida desmantelar su protección de manera unilateral y sin diálogo.
Cambiar a sus escoltas no es “ajuste administrativo”. Es romper la confianza y la logística de supervivencia que Kenya construyó. Es decirle: “tu riesgo ya no nos importa”. Es regresarla a 2016, cuando el Estado dijo que su vida valía menos por ser trans, por ser una trabajadora sexual.
¿Qué mensaje manda la Fiscalía a las defensoras? Que puedes ganar sentencias, cambiar leyes, y aun así el Estado se reserva el derecho de soltarte la mano. Que la protección no es derecho ganado, sino permiso revocable.
Kenya dice que las escoltas deben estar “hasta la sentencia”. Tiene razón. El riesgo no prescribe cuando el Estado se cansa. Termina cuando se logra la justicia. Y no hay justicia para Paola ni para las más de 586 mujeres trans asesinadas en México.
Activistas de la diversidad sexual se han pronunciado para exigir a la Fiscalía CDMX detener el cambio. Exigen a Clara Brugada y a César Cravioto privilegiar el compromiso que han dicho tener para con la diversidad sexual. No lo piden por piedad, sino que cumplan con su obligación legal. Porque si algo le pasa a Kenya, tendrá un origen muy claro: la indiferencia de quienes juraron protegerla.
La vida de Kenya Cuevas no se negocia. Se garantiza. Sin condiciones. Sin retrocesos.
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12 de mayo, 2026.
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