Por Antonio Medina Trejo *
La discriminación social que se vive en el día a día en contra de las personas LGBTTTI tiene una relación directa con la homofobia institucional y de quienes están encargados de hacer políticas públicas o leyes. La ausencia de compromiso agudiza ese flagelo discriminatorio en los espacios públicos y privados. En ese sentido, una parte de la responsabilidad sobre la exclusión o la inclusión de este sector está vinculada a las malas o buenas decisiones desde las instancias del Estado.
Recientemente Brasil dio una muy mala nota internacional debido a la renuncia del diputado Jean Wyllys, quien denunció la creciente homofobia en su contra que pasó de simples mensajes ofensivos en las redes sociales a amenazas de muerte por parte de grupos ultra conservadores. La renuncia del legislador, quien también fue hostigado públicamente por el ahora presidente, Jair Bolsonaro, es la muestra más fiel de cómo un gobierno homofóbico impacta en la vida de las personas. Con esta acción Brasil está entrando en un proceso de regresión en los avances que tuvo en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y población afrodescendiente en los últimos 20 años, que hicieron del país sudamericano un modelo en políticas públicas y leyes a favor de grupos vulnerables.
En Estados Unidos, país donde inició la lucha por los derechos de LGBTTTI hace 50 años, su presidente actual Donald Trump ha rechazado que personas transgénero y transexuales se enlisten en el Ejército. Una política totalmente contraria a la del ex presidente demócrata, Barak Obama, quien tuvo apertura total a la diversidad sexual, impulsando desde el gobierno leyes y políticas públicas de igualdad, como la erradicación de reglas no escritas en las fuerzas armadas denominada Don´t ask don´t tell (no preguntes, no digas), que obligaba a las personas LGBT a mantenerse en el clóset para no ser expulsadas de las instituciones marciales. Hoy, con el ultraconservadurismo que priva en la Casa Blanca, militares y marinos LGBTTTI regresan al clóset o renuncian, al tiempo que desanima a este sector para enlistarse a las fuerzas armadas estadounidenses.
Los contrastes de Estados Unidos van de tener ciudades totalmente gay friendly como Nueva York o San Francisco, con leyes que garantizan todos los derechos a las personas de la diversidad sexual, a estados como Texas o Arizona donde, por ejemplo, se tolera o se alienta desde el gobierno la promoción de las terapias de reconversión.
Pero sin duda la región del mundo con más países donde existe la homofobia de Estado es África. En pleno siglo XXI aún siete naciones de ese continente castigan la homosexualidad con la pena de muerte. Uganda y Kenia son dos países con extrema violencia criminal que cobra la vida de cientos de gays, lesbianas y personas trans cada año. A pesar de la adversidad, tienen un activismo LGBTTTI proactivo que ha logrado visibilizarse a través de redes sociales y hacer denuncias por violación a derechos humanos con impacto internacional, aunque no tengan cobertura mediática ni atención por parte de las autoridades civiles de sus países. 78 naciones en el mundo tienen leyes punitivas que pueden ir del encarcelamiento, la cadena perpetua o latigazos en la plaza pública.
México homofóbico
En México, a pesar de los avances que se han logrado en las últimas dos décadas, la homofobia institucional se refleja con la falta de acceso a derechos, discriminación en las instituciones públicas, negación de servicios de salud, falta de acceso a la justicia, acoso escolar en todos los niveles educativos y violencia criminal en los espacios públicos y privados.
En fechas recientes, de hecho, han habido muestras de retroceso por parte de legisladores del partido mayoritario al avalar expresiones homofóbicas de sus miembros, como las de un diputado de Nuevo León que apoyó los dichos de un boxeador que arremetió contra la comunidad gay, o dos legisladoras de Aguascalientes que proponen un referéndum para que la ciudadanía decida si las parejas del mismo sexo deben o no tener acceso al matrimonio civil, y por otro lado, que se instaure la figura de Unión Civil de Convivencia para estas parejas, pero con la condicionante de que sea temporal dicha unión.
Estos ejemplos representativos reflejan el pensamiento de la nueva clase política que hoy en día está en el poder ejecutivo y legislativo de manera mayoritaria, y que lejos del discurso complaciente para atraer el voto LGBTTTI antes del 1º de julio de 2018, no se ha visto hasta el momento la voluntad tangible de garantizar la progresividad de derechos, pues en las últimas dos décadas sí ha habido avances gracias a propuestas de sociedad civil que fueron retomadas e impulsadas en su gran mayoría por el Sol Azteca, tal como se documenta en el libro Revolución Arcoiris que publicó recientemente el PRD.
La realidad es que la homofobia no se erradica de un día para otro. Es un mal endémico del mundo contemporáneo heredado de percepciones decimonónicas que permearon en las instituciones del Estado afectando la vida cotidiana de las sociedades. Por ello es importante que por un lado quienes están en espacios de decisión política demuestren con hechos su compromiso con la erradicación del flagelo de la homofobia, y por otro, seguir reivindicando en los espacios públicos y privados a nivel individual y colectivo nuestro derecho a la diferencia y denunciar todo acto que atente contra la dignidad de todas las personas LGBTTTI.
* @antoniomedina41